El impacto económico del comercio ilícito en el país asciende a ¢1 billón anual, lo que equivale al 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 10% del consumo de los hogares, detalló el Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).
Ello durante un reciente foro organizado por la Cámara de Comercio Británico-Costarricense (BRITCHAM), donde se analizó esta problemática en el país.
Los participantes apuntaron que la falta de marcos regulatorios fuertes y la complejidad del sistema tributario son factores clave que facilitan la expansión de estas redes de crimen organizado en el país y Centroamérica.
Ricardo Carvajal, asesor económico de la CCCR, manifestó que el comercio ilícito en el país ha alcanzado niveles intolerables.
“Es crucial que dirijamos nuestros esfuerzos hacia la facilitación del comercio y la reducción de la carga burocrática y tributaria sobre las empresas”, afirmó Carvajal.
Añadió que, las medidas basadas en controles y fiscalización en los puntos de venta han demostrado ser insuficientes para abordar la problemática.
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, comentó que los sistemas tributarios son “excesivamente complejos” con muchos impuestos, tasas altas e infinidad de exenciones, lo cual fomenta la evasión y elusión, constituyendo un incentivo para este tipo de comercio.
Po su parte, el presidente de la Junta Directiva de BRITCHAM, Julio Lizano, manifestó que el combate al comercio ilícito es una tarea que exige el trabajo de diversos sectores.
Los expertos hicieron un llamado urgente a los diputados y autoridades para simplificar y fortalecer los marcos regulatorios.
Problemática regional
El comercio ilícito en Centroamérica ha alcanzado niveles alarmantes. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la región representa entre el 3% y 5% del PIB, lo que equivale a pérdidas de miles de millones de dólares cada año.
En el país el impacto es devastador. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha señalado que el contrabando de productos ilegales, particularmente medicamentos y alimentos, ha crecido 30% en los últimos tres años.
En otros países como Guatemala y El Salvador, este tipo de comercio ha llegado a representar hasta el 40% del mercado de productos como cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Los expertos consideran que la solución requiere un enfoque internacional coordinado, y la definición de políticas públicas que fortalezcan los sistemas legales y aduaneros en la región.
