Para el ejercicio económico del 2025 el Ministerio de Justicia y Paz dispondrá de un presupuesto de ¢203.606 millones, lo que representa un decrecimiento de ¢691,3 millones respecto al del presente año.
Ese escenario, plantea un faltante de entre ¢9.000 y ¢10.000 millones afirmó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, tras una consulta del diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Entre los principales recortes para 2025 destacan ¢3.078 millones en atención de personas adscritas y ¢10.082 millones en alimentos y bebidas, entre otros. Esta situación alertó a los diputados.
Campos aseguró que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le dijo que existe el compromiso de inyectar recursos al Ministerio en el primer movimiento de presupuesto extraordinario.
Añadió que, le dijo que no podía ser en el ordinario porque estaban "sobre asunto de techo de la Regla Fiscal".
El diputado Acuña le indicó que si Acosta le dijo eso le mintió, ya que, los gastos cubiertos por la Regla para 2025 alcanzan hasta 3,75%.
“Según los cálculos del propio Departamento de Análisis Presupuestario de esta Asamblea Legislativa los gastos cubiertos por la Regla Fiscal para 2025 crecen 0,40%. No, el presupuesto no está pegado a la Regla. Hay un espacio más que suficiente”, afirmó Acuña.
Eso fue apoyado por la presidenta de la Comisión y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez. “No podemos arriesgar que venga un presupuesto extraordinario para atender necesidades básicas”, acotó Ramírez.
¢3.291 millones para nuevas plazas
Para el próximo año Justicia y Paz tendrá un incremento de 3,1% en la partida de remuneraciones que obedece principalmente al cambio entre el salario global y compuesto, al ajuste técnico salarial para los cuerpos policiales y a la creación de 212 plazas.
Estas últimas estarían distribuidas en 100 policiales, 22 para el funcionamiento de al menos 5 centro cívicos por la paz proyectados para 2025, 10 del área administrativa, 6 para la procuraduría y 74 para las áreas técnicas de adaptación social enfocadas a los temas de inserción.
Ramírez pidió a los funcionarios justificar la creación de las nuevas plazas y el costo que tendrían.
La viceministra de gestión estratégica, Carolina Castro del Castillo, respondió que la población privada de libertad está creciendo y eso implica tener equipos técnicos robustos. Sobre el costo, indicó que sería de ¢3.291 millones.
La presidenta de la Comisión manifestó que no entiende como reforzando con más personal se pueden estar dando los recortes anteriormente mencionados.
Para el próximo año Justicia y Paz destinará 70,22% a la partida de remuneraciones.