La Contraloría General de la República (CGR) se mostró complacida por la respuesta de los magistrados de la Sala Constitucional que evidenciaron vicios de constitucionalidad en el proyecto de Ley Jaguar 2.0, al evacuar las consultas facultativas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el propio órgano contralor.
La contralora general, Marta Acosta, destacó el hecho de haya quedado claro que no se puede limitar ni disminuir las potestades otorgadas a la CGR en la Constitución Política, más allá de que este elemento corresponde al fallo de la Sala Constitucional respecto del primero proyecto de Ley Jaguar..
“En la Contraloría General de la República recibimos con plena satisfacción el voto recientemente informado por la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley 24.467, que de manera contundente reitera la imposibilidad de limitar nuestras competencias constitucionales y de inobservar el principio de licitación para la construcción de obras públicas”, reafirmó Acosta.
Enfatizó que, desde el primer proyecto, la CGR ha sostenido que se trata de una propuesta de cambios normativos que disminuyen y cercenan severamente las competencias de fiscalización de la Hacienda Pública, otorgadas por la Constitución Política.
De hecho, ese aspecto que señaló Acosta corresponde a la resolución de la Sala Constitucional sobre el primer proyecto de Ley Jaguar, cuyo contenido completo se conoció la semana pasada.
“Esta nueva sentencia, en los términos planteados por la Sala Constitucional, permite a la Contraloría General de la República, reafirmar su compromiso con el cumplimiento pleno del principio de legalidad y, desde sus competencias eminentemente técnicas, en el control del uso de los fondos públicos, que pertenecen a todos los costarricenses”, manifestó Acosta.
Añadió que “es así como ha prevalecido el Estado de Derecho, tal y como era de esperar por parte de la Sala Constitucional. La Contraloría General de la República, como parte integrante de la institucionalidad pública, seguirá cumpliendo con su deber, defendiendo el imperio de la ley como corresponde en una sociedad democrática”.
Este martes, la Sala Constitucional señaló vicios de constitucionalidad en el proyecto de Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica, que es la segunda versión elaborada por el Ejecutivo, luego de que los magistrados declararon inconstitucional el primer texto.
Esta nueva propuesta fue calificada de "inmaculada”, por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien en cuestión de horas la elaboró con su equipo. En ese momento dijo que, reunía todas las observaciones de la Sala Constitucional, por lo que consideró que sólo requería del trámite legislativo.
