En materia de ejecución de la pena existe un vacío en la legislación por que a lo largo de los años se ha trabajado con unos 10 artículos al Código Penal, según Carlos Eduardo Montenegro, quien se desempeña como fiscal de ejecución de la pena.
El funcionario hizo tales tales declaraciones cuando compareció ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en razón del análisis del proyecto de Ley de Ejecución de la Pena. Esta es una de las iniciativas en torno a las cuáles los diputados acordaron avanzar como parte de un paquete de reformas con las que se busca contener los altos niveles de inseguridad que vive el país.
El problema principal es la falta de una estructuración en todo lo que tiene que ver con la materia de ejecución de la pena. Montenegro indicó que desde 1998 cuando se estableció el esquema, se ha trabajado con una especie de modelo para armar.
Antes de esta fecha no existía tal trámite judicial, el cual comenzó a ser aplicado con los jueces, defensores y fiscales que se especializaron en ejecución de la pena, pero sin una estructura amplia.
“Esos 10 artículos, más bien y poniéndolo en palabras coloquiales, han hecho milagros, en el buen sentido de la palabra. Hemos trabajado con una regulación muy escaza” agregó Montenegro.
El funcionario explicó que se ha trabajado durante todos estos años, basándose en jurisprudencia de la Sala Constitucional y de los juzgados de ejecución que han resuelto casos a través del tiempo.
De acuerdo con Montenegro ese trabajo basado en todas esas sentencias para aplicar las medidas, podría ser considerado casi un “modelo con retazos”.
Sostuvo que esta materia necesita una regulación moderna, que pueda mantenerse vigente con el pasar del tiempo y no se agote.
Entre las observaciones que hizo el fiscal, acotó que la legislación deberá tener regulación precisa sobre términos y plazos para los diferentes incidentes en términos de la materia, para poder aplicar las sentencias condenatorias en firme.
Agregó que se debe tener un sistema penitenciario fuerte, apoyado y reforzado con una buena coordinación para lograr una buena ejecución de la pena a nivel judicial, como corresponde.
“Porque nada hacemos con hacer algo muy sofisticado a nivel procesal si a nivel de sistema penitenciario, usando lenguaje coloquial, no nos de la talla, por aspecto presupuestarios, falta de personal y centros penitenciarios que ya se agotaron”; apuntó Montenegro.