El juez que encabezó la audiencia de medidas cautelares en el caso de la adjudicación de 138 Equipos Básicos de Atención integral en Salud (EBAIS) dejó todo el suspenso al cierre del proceso este lunes por la tarde.
Según el abogado Rodrigo Araya, defensor de uno de los investigados en este caso, el funcionario judicial dejó claro que se tomará el tiempo que estime necesario para resolver sobre las medidas cautelares que planteó desde la semana pasada el Ministerio Público.
Ante ello, tanto la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, como los directivos y exdirectivos de la institución señalados por la Fiscalía en el denominado caso Barrenador, podrán retomar sus labores mientras no se pronuncie el juez.
De hecho, pese a que desde el lunes de la semana pasada no asiste a su oficina, Esquivel se mantuvo trabajando, al punto que el miércoles firmó la acción de personal de la nueva gerente general de la institución.
La Fiscalía solicitó que se suspenda a Esquivel y a tres directivos de la Caja y a la gerente general por seis meses, así como que se les prohíba salir del país, por lo cual tendría que entregar sus pasaportes. Además, que no tengan contacto con el proceso de licitación de los EBAIS.
Finalmente, que no tengan contacto con los testigos acreditados por el Ministerio Público, de manera que no puedan influir sobre ellos.
Los directivos son Zeirith Rojas, María Isabel Camareno, Johnny Gómez, mientras que la gerente es María de los Ángeles Gutiérrez, la misma que desde otro cargo elaboró el informe con base en el cual la Junta Directiva adjudicó los contratos con cuatro cooperativas y una asociación de médicos.
La audiencia de medidas cautelares terminó cerca de las 4:00 de la tarde, después que los fiscales presentaran algunos elementos adicionales de prueba ante el juez. Araya dijo que eran documentos de la Contraloría General de la República, así como información relacionada con la sustracción de archivos que se detectó en los sistemas informáticos de la CCSS justo mientras se realizaba el respaldo de los datos como parte del allanamiento en la sede central de la institución.
Los investigados no tendrán que regresar a los tribunales para conocer la resolución del juez, pues anticipó que la emitirá por escrito, a través de las vías de notificación que señalaron las partes.
