Por unanimidad, los magistrados de la Sala Constitucional determinaron que no hay vicios de constitucionalidad en el proyecto de reforma al artículo 32 de la Constitución Política que permitirá la extradición de costarricenses para ciertos tipos de delitos.
“El Tribunal Constitucional estimó que las diputadas y los diputados, cuando actúan como Poder Constituyente derivado (es decir, reformando la Constitución) están facultados para definir y balancear los derechos fundamentales ahí resguardados, siempre que no se afecte su contenido esencial”, dice un comunicado de la Sala emitido la tarde de este miércoles.
Como está debidamente regulado, los diputados plantearon una consulta preceptiva de constitucionalidad ante la Sala en torno al proyecto en cuestión, antes de avanzar con el trámite en segundo debate, en primera legislatura.
Ahora, tras el visto bueno de los magistrados constitucionales, el expediente volverá a la Asamblea para proceder con el segundo debate. Luego, se tendrá que esperar a que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refiera a la reforma en su informe al país el dos de mayo del próximo año, para poder avanzar con los tres debates en segunda legislatura.
La reforma que tramitan los diputados permitirá la extradición de costarricenses requeridos por autoridades judiciales de otros países en casos de narcotráfico y terrorismo. Si bien se valoró incluir otros delitos, al final no se logró un acuerdo para ello.
Los magistrados explicaron que “justamente, atinente a la extradición, precedentes constitucionales han admitido modulaciones al numeral 32 de la Carta Magna, cuando se trata de delitos de la más grave naturaleza (como los de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma) o se protege un aspecto de tanta relevancia como el interés superior de las personas menores de edad”.
En el caso particular de terrorismo y narcotráfico, señalaron que la extradición está respaldada por varios tratados internacionales ya suscritos por el país, que la contemplan como un mecanismo de cooperación para la lucha contra esos flagelos.
“Los magistrados concluyeron que la reforma propuesta equilibra los derechos del ciudadano con el interés estatal de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo, en la media que condiciona la extradición a que sea concedida en tales casos en concreto y solo por los tribunales de justicia”, añadieron los magistrados de la Sala Constitucional.
El magistrado instructor, Paúl Rueda, recordó que hay antecedentes de la Sala en que ha admitido este tipo de modulaciones cuando se trata de delitos muy graves.