Los abogados constitucionalistas Rubén Hernández Valle y Fernando Zamora dejaron ver las enormes discrepancias que pueden haber entre profesionales en esa materia a la hora de interpretar la Constitución Política.
Ambos fueron citados por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que analiza una reforma constitucional con la que se pretende autorizar la extradición de ciudadanos costarricense cuando sean requeridos por las autoridades de otros países por delitos de terrorismo o de narcotráfico.
Las interpretaciones de ambos juristas fueron en polos opuestos al valorar reforma a la carta magna.
Según las observaciones de Hernández, la modificación planteada para que se permita la extradición de costarricenses no se puede hacer, debido a un problema de jurisprudencia insalvable.
Hernández indicó que se estaría eliminando un derecho fundamental a los costarricense, dado que la Constitución prohíbe la salida forzosa de ciudadanos costarricenses del país. Por eso, considera, la Asamblea Legislativa no puede hacer esa reforma.
Eso sí, estima que la única forma de hacer tal modificación a nuestra Constitución Política sería solo a través de una constituyente.
De acuerdo con Hernández, “la Sala Constitucional ya se había pronunciado en el sentido de que la Asamblea Legislativa, como poder reformador, está limitado por el poder constituyente; no puede reducir o eliminar garantías o derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Hernández también se refirió a un proyecto presentado por el diputado Rodrigo Arias, que busca eliminar la naturalización en los casos de esos delitos.
Expresó que ahí sí habría soluciones claras: “Ampliar las causales para poder revocarles la nacionalidad me parece que es un mecanismo muy efectivo”.
Hernández indicó que no se trata de un tema de fondo sino de competencia para aplicar este tipo de cambios en nuestra legislación. Además, considera que la extradición de nacionales resultaría contraria al principio de progresividad de los derechos humanos.
En una posición contraria, Zamora considera que es un error comparar la expulsión de una persona del país con la extradición, para decir que se está violentando un derecho Humano.
Desde su punto de vista, se puede reformar de manera parcial el artículo 32, desde el plenario en la Asamblea Legislativa, porque no es un derecho humano o fundamental quedar impune de un delito.
Zamora añadió que “desde ningún punto de vista, es un derecho humano la posibilidad, que actualmente existe, de que algún nacional cometa delitos graves, como narcotráfico fuera de nuestras fronteras y que, no pueda ser extraditado”.
