La fallida cárcel denominada Terrazas II no será utilizada para albergar presos, sino que será readaptada a fin de convertirla en oficinas administrativas del sistema penitenciario.
En el proyecto constructivo, se invirtieron cerca de $24 millones, y se esperaba que, terminado, el penal albergara a 1.248 personas en dos recintos: uno para personas sentenciadas y otro para no sentenciados (indiciados).
Con 40 votos a favor los diputados a la Asamblea Legislativa aprobaron una reforma a la Ley del Registro Nacional para trasladar del superávit de la Junta Administrativa al Ministerio de Justicia y Paz.
Con la reforma se autoriza el traslado, por una única vez, del superávit libre, el cual asciende al monto de ₡5.692.370.306,45, y que servirá para realizar mejoras en la cárcel conocida como Terrazas II.
A la fecha ese complejo no está en operación debido a que las autoridades estiman que los materiales con que se construyó no cumplen con los requerimientos de seguridad para una cárcel.
Durante la administración del expresidente Carlos Alvarado se habían construido dos edificios de residencias en el Centro de Atención Institucional Terrazas II, que ayudarían a solventar los problemas de hacinamiento carcelario.
Las jefaturas de la Policía Penitenciaria, el Departamento de Arquitectura y el Patronato de Construcciones han evidenciado graves errores en el diseño.
Entre los problemas que se apuntaron están que en algunas partes no se cuenta con alambre navaja o cerramientos que no permitan una posible evasión. Además, cuenta con ventanas de vidrio transparente, lo que representa un gran riesgo;
También, los espacios para dormitorios de la policía penitenciaria son insuficientes; junto con el área de alimentación, salud, dirección y administración que no se contemplaron.
Sin embargo, ahora Justicia considera más conveniente que esas instalaciones sean utilizadas por funcionarios de la Policía Penitenciaria, así como para albergar oficinas y atender otros usos de la Dirección General de Adaptación Social.
