El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, puso nuevamente sobre el tapete el tema de la venta del Banco de Costa Rica (BCR), pese a que en el último año el Poder Ejecutivo dejó la propuesta en el aire.
Considera que se debería evaluar que tan conveniente es para el Estado tener tantos activos en el mercado financiero. Lo dice porque hay dos bancos estatales, a los que se suman otros dos bancos públicos adicionales.
Acosta comentó que desde un punto de vista social es importante preguntarse si esos recursos están o no bien invertidos. En esa línea, dijo que la venta del BCR ahorraría en un año alrededor de ₡90 mil millones en pago de intereses sobre la deuda pública.
Además, añadió que en el mejor de los escenarios el BCR genera ₡30 mil millones anuales en utilidades, de los cuales un porcentaje va al INFOCOP, otro a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros. El Ministro afirma que si vende el BCR reduciría la deuda en 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
“90 menos 30 son ₡60 mil millones que yo puedo usar en mi presupuesto para poder dedicarle al gasto social. Esa es la valoración que hay que hacer”, acotó Acosta.
Consejo de Gobierno sin injerencia
Al Ministro también le molesta que la Asamblea de accionistas del BCR sea el Consejo de Gobierno, pero que ese órgano no posea ningún tipo de injerencia en las decisiones que se toman en aquella entidad, donde todo el margen lo tiene la junta directiva.
El Consejo de Gobierno “debería tener la capacidad de poder decidir si lo quiere o no lo quiere. Los accionistas pueden tomar la decisión de venderlo o no y ese es un problema”, afirmó.
En este contexto, Acosta explicó que actualmente los verdaderos dueños del BCR son los que trabajan en la institución financiera, desde el Gerente hasta el último que trabaja ahí “porque ellos son los que deciden. No hay injerencia de los costarricenses en las decisiones que se toman, ni si quiera del Consejo de Gobierno”, Apuntó.
Por otro lado, el jerarca de Hacienda indicó que la situación es como cuando se tienen dos carros en la casa pero solo se ocupa uno, entonces el otro debería venderse y utilizar la plata para otras cosas. “Es una valoración muy sencilla, lo que pasa es que políticamente no lo es tanto.”, expresó.
Para Acosta, como país Costa Rica debería tener una visión más sencilla de este tema, porque cuando se deja que la política interfiera en la toma de decisiones, entonces tenemos lo que tenemos hoy: “Edificios más grandes de los que deberíamos tener, proyectos en los cuales nos hemos involucrado que no generan un valor social.”, reflexionó el Ministro.
Superávits de empresas públicas para pagar deuda
Por otra parte, durante la administración anterior se había planteado un proyecto para que los superávits de las empresas públicas se utilizaran para pagar deuda del Gobierno.
El Ministro explicó que se había aprobado uno muy limitado. Añadió que en la actual administración se han propuesto analizar la situación de las empresas estatales, toda vez que ya en algunos casos la distribución de las utilidades está definida.
“Hay algunas empresas como los bancos que esa distribución ya está hecha por Ley. A ver, un banco tiene que darle un 10% de las utilidades al INFOCOP, tiene que darle el 15% de las utilidades a la CCSS al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, tiene que darle un 5% a CONAPE, tiene que darle un 3% a la CNE.”, explicó Acosta.
Dice que en el tema de los superávits hay que separar dos tipos de empresas. Primero, aquellas que prestan servicio público las cuales tienen que estar al costo y cuando generan superávit la misma Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) los obliga a disminuir la tarifa para compensar.
Las otras son las que están en competencia y no tienen esa connotación.
