En una revisión realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la liquidación del presupuesto de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) se determinó que no le giró al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de ¢106.499 millones, durante el 2023.
Por ello, la Contraloría emitió una opinión adversa a la liquidación presupuestaria de la DNP, por considerar que se contó con evidencia suficiente para concluir que las situaciones detectadas en la partida de Transferencias Corrientes, “en su conjunto son materiales y generalizadas” que afectan, de manera significativa, la integridad y confianza de la liquidación del presupuesto de los Regímenes Especiales de Pensiones.
La DNP está adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se encarga de la administración y pago de las pensiones de regímenes especiales, que son con cargo al Presupuesto Nacional. Para el 2023, pagó más de ¢1.1 billones.
De esa suma, debió girar ¢250.330 millones, en la subpartida Transferencias Corrientes al Sector Público para el pago de la contribución estatal al seguro de IVM, de la CCSS para trabajadores del sector privado y el sector público descentralizado. Además, el pago del estipendio a la Comisión de Valoración Técnica de las pensiones extraordinarias del Régimen del Magisterio Nacional. Pero sólo le canceló al IVM ¢143.831 millones.
“Dicho monto representa un 10% de la partida de transferencias corrientes, la cual corresponde a la partida con mayor peso relativo dentro de la ejecución del presupuesto del título para el ejercicio económico en estudio, afectando así, de manera generalizada la liquidación.
“Así las cosas, en caso de haberse registrado el monto anterior por la suma total de ¢106.499 millones, se habría incrementado el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 0,23% del PIB”, informó la CGR.
Sin plata
Debido a que dichas facturas no fueron pagadas, este monto se incorpora a las sumas pendientes de pago por parte del Estado en favor de la CCSS, cuyo saldo, según datos recabados por la CGR en diciembre anterior, ascendía a más de ¢3.5 billones. De ellos, ¢647.234 millones corresponden a deudas con el IVM.
“Cabe señalar que la DNP informó de esta situación al Ministerio de Hacienda, que a su vez reveló en el ‘Informe de ejecución presupuestaria del ingreso y el gasto del ejercicio económico 2023’, la no incorporación de estos gastos a falta de contenido presupuestario.
“La situación descrita incide en la integridad de los saldos presentados en la Liquidación del Presupuesto para el periodo 2023; además, de afectar la calidad de la información financiera y la toma de decisiones por parte de las personas usuarias, requisitos básicos para la transparencia de la gestión y la rendición de cuentas”, apuntó el ente contralor.
Montos sin actualizar
Otro apunte de la CGR es que la DNP, entre 1996 y el 2016 no realizó actualizaciones de los montos de las pensiones de los beneficiarios que suma.
La DNP efectúa estudios individuales a los jubilados que así lo soliciten, a fin de determinar el monto de pensión actual, considerando las revalorizaciones con metodologías especiales existentes.
“Sobre el particular, en el proyecto de presupuesto de 2023 la DNP realizó una estimación sobre el monto que debió incluirse, determinando un total de ajuste de ¢44.075 millones, los cuales no fueron considerados en la Ley aprobada para el título 231.
“Así, a diciembre 2023 se encuentran pendientes de actualizar un total de 3.185 casos, lo cual representa un 38% de los pensionados para dichos regímenes, situación que genera incertidumbre respecto al gasto devengado de la partida de Transferencias Corrientes, una vez realizada la respectiva actualización”, reseña la CGR.
Añadió que el Ministerio de Trabajo no comunicó esa situación a Hacienda. “Por lo tanto, el rubro registrado por la DNP en la Liquidación del Presupuesto del periodo 2023, por la suma de ₡76.687 millones, correspondiente a lo devengado a los jubilados de los regímenes indicados anteriormente, no refleja la información respectiva, situación que incide en su integridad y transparencia de cara a las necesidades de las personas usuarias de dicha información financiera”.
