La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) formuló dos acusaciones en contra de 12 personas, entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, dentro del caso conocido como “Cochinilla”, por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor.
En lo que respecta a particulares, los ocho acusados responden a los apellidos:
- Cerdas Araya (dueño de MECO)
- Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís)
- Bolaños Salazar
- González Carballo
- Arce Alpízar
- Naranjo Vargas
- Abarca Quesada
- Godínez Abarca
Mientras que los cuatro funcionarios o exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) son identificados como:
- Solís Murillo
- Carmona Rivas
- Meléndez Cerdas
- Zúñiga Fallas
Se trata del expediente 24-000130-1218-PE, el cual es un testimonio de piezas (expediente secundario) originado de la sumaria principal (19-000025-1218-PE) y la razón por la que el órgano fiscal confeccionó dos acusaciones, es porque se imputan hechos distintos.
Johanna Rodríguez, fiscala del FAPTA enfatizó que entre los acusados están personas relacionadas con las constructoras MECO, Hernán Solís y Trac Pesados.
“Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dádivas entregadas a los funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados, esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes, generando beneficios indebidos a estas empresas tanto en temas presupuestarios como en el pago agilizado de facturación”, explicó Rodríguez.
67 personas más y algunos atrasos
Según informó la FAPTA, la causa principal continúa bajo investigación en contra de al menos otras 67 personas, pero que, producto de la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y debido a que se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados se logró concluir el expediente secundario.
“Dentro de la investigación se presentaron algunos atrasos. Entre ellos ha sido la apertura telefónica y, además, algunas apelaciones que se encuentran aún pendientes de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda.
“No obstante, el Ministerio Público ha observado las pruebas que vienen a incorporarse dentro de estas acusaciones y luego de esa valoración o análisis concienzudo se ha logrado arribar a la conclusión de que es prueba suficiente, idónea y contundente para poder sostener esas acusaciones y poder avanzar a la siguiente etapa que sería la intermedia del proceso penal”, afirmó Rodríguez.
Los requerimientos fueron comunicados este lunes a la Procuraduría General de la República (PGR) y al CONAVI, para que ambas partes informen si se constituirán en querellantes.
A partir de la notificación a las partes afectadas, la PGR y el CONAVI cuentan con tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si presentarán una querella y/o una acción civil resarcitoria; este último para el cobro de daños y perjuicios.
En caso afirmativo, contarán con 10 días más para elaborar los documentos. Posterior a la tramitología que conllevan estas gestiones, la FAPTA presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda con la respectiva solicitud de elevación a juicio.
