Constantes y reiteradas modificaciones aprobadas a la regla fiscal imposibilitaron a la Contraloría General de la República analizar la información sobre el impacto de esta en las instituciones a las que se dirige, según la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, Ley 9635.
Esta situación obligó a la entidad fiscalizadora del Estado, por segundo año consecutivo, a no emitir una opinión sobre la forma en que se ha venido aplicando la regla, pues no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para concluir si se encuentra conforme o no con los criterios aplicables a las entidades del Sector Público No Financiero (SPNF).
Así se establece en el Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Regla Fiscal para el 2023, bajo el número DFOE-FIP-IAA-00004-2024, contenido en la Memoria Anual 2023. El periodo que se pretendía evaluar era del 1° de enero al 31 de diciembre de ese año.
Leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa excluyeron a varias instituciones del sector público no financiero de la aplicación de la regla fiscal, por lo que no tienen tope para el gasto.
Además de las leyes, el Poder Ejecutivo implementó dos decretos en el 2022, el 43589-H y el 43696-H, los cuales, a criterio de la CGR, son contrarios a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Ambos decretos detallan las exclusiones que fueron incluidas en el Reglamento al Título IV de la Ley 9635, denominado Responsabilidad Fiscal.
Esta situación motivó a la CGR a presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra esos decretos cuya anulación solicita. La acción judicial se encuentra en fase de admisibilidad desde el 2023.
"Desde el punto de vista de la auditoría, ante la presencia de un proceso judicial pendiente de resolver con incidencia en el alcance del asunto auditado, como es el caso expuesto; se está ante una situación de incertidumbre para el periodo 2023", dice el informe.
Y agrega: "específicamente, la resolución a la que se llegue a partir del proceso judicial tendrá relación directa con los elementos necesarios para la construcción de los criterios de auditoría".
La CGR también dijo que los decretos inciden de forma directa y de manera sustantiva sobre la verificación del cumplimiento de la regla fiscal, pues se refieren a la propia definición de la regla: la base de verificación, los momentos de referencia para el cálculo, el ámbito de aplicación y el parámetro de límite a aplicar; elementos esenciales para la construcción de criterios fiables y pertinentes en el ejercicio de la potestad de auditoría.
Se agrava situación
Según la Contraloría, para el ejercicio económico 2023, las limitaciones a la verificación del cumplimiento de la regla fiscal se agravan, en virtud de que, desde la entrada en vigencia de la Ley 9635, además de las modificaciones en el reglamento, se aprobaron más de 18 leyes de exclusión del ámbito de aplicación de la regla fiscal y hay otros 30 proyectos de ley que hacen fila en el Poder Legislativo en la misma materia.
Los distintos ajustes y modificaciones con motivo de excepciones realizadas sobre la Ley desvirtúan el objeto de la regla fiscal, ya que no solo reduce la cobertura institucional, sino también afecta la credibilidad del mecanismo de control del gasto.
“Asimismo, la atomización normativa de la regla fiscal aumenta la complejidad y falta de transparencia, en ausencia de claridad y congruencia en el ámbito de aplicación.
“Además, la aprobación de todas estas leyes de excepción aumenta la inseguridad jurídica para los operadores del mecanismo, en las diferentes fases de definición, aplicación y control. Al respecto, los cambios normativos adicionales llevados a cabo en el 2023 han profundizado esa inseguridad y modificado severamente el objeto de la regla fiscal en su esencia y ámbito de aplicación”, indica el documento.
Añade el informe que “las situaciones significativas y generalizadas de efecto sostenido mientras permanezca el escenario jurídico actual, ocasionan por segundo año consecutivo la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y apropiada para concluir sobre la conformidad de la información auditada respecto de los criterios de auditoría”.
Según recaló la CGR, este resultado es el escenario más contraproducente para el interés público, pues el mecanismo de control estipulado para llevar a cabo la correcta aplicación y verificación de la regla fiscal no puede ejecutarse.
“En este sentido, la regla fiscal en su generalidad, debe aportar un grado de certeza razonable para todos los actores, y es imperativo tener claridad y seguridad en sus premisas por las consecuencias previstas con su inobservancia, en el tanto, lo contrario afecta la transparencia y rendición de cuentas hacia las partes interesadas”, concluyó la CGR.
