La entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) y su reglamento tiene de cabeza al Ministerio de Educación Pública (MEP), al punto que empeoraron los problemas de pago en esa entidad, especialmente en lo que respecta a salarios.
La razón de esta situación es que el MEP no realizó los ajustes pertinentes al Sistema Integrado de Recursos Humanas, Planillas y Pagos (INTEGRAII) para la aplicación de la Ley de Empleo Público, vigente desde el 10 de marzo del 2023. Entre otros aspectos señala que a los trabajadores contratados a partir de esa fecha se les debe aplicar el salario global definitivo.
Entre los elementos analizados por la Contraloría se encuentran el aumento en los pagos salariales de más, desembolsos improcedentes por ampliación de jornadas y recargos de funciones, reclamos administrativos y gastos.
Según la CGR, al cierre de diciembre del 2023 estaba pendiente el desarrollo de las funcionalidades de traslados, ascensos, descensos, anualidades.
Entre las conclusiones más relevantes del estudio se citan:
- Existencia de 11.367 movimientos de personal remunerados con escala salarial global transitoria que no fueron trasladados a la escala salarial global definitiva
- Se reconoció salario compuesto a 21 personas funcionarias que ingresaron a laborar al Ministerio en fecha posterior al rige de la LMEP.
- Los movimientos de personal por motivo de ascensos o cambios de puestos posteriores a la entrada en vigencia de la LMEP fueron reconocidos con escala salarial compuesta, situación que se mantenía a la fecha en que la CGR emitió este informe, “en virtud de que el Sistema Integra II , no ha sido ajustado, de acuerdo con la disposición del transitorio II de la LMEP, para aplicar la escala salarial global a movimientos de ascenso de personal en los casos en que esta resulte aplicable”, añadió la CGR.
- No se reconocieron ascensos para 158 movimientos de personal de servidores que fueron nombrados en puestos superiores.
- No se reconocieron en el cálculo las anualidades a 15.823 personas funcionarias que cumplieron período en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Además de lo anterior, está pendiente por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) la definición del reconocimiento salarial de los recargos de funciones y ampliaciones de jornada para las personas funcionarias que ostentan salario global, situación que afecta a 509 personas que desempeñaron estos recargos, así como las escalas salariales de auditor y sub auditor.
Millonarios pagos de más
Además de lo anterior, el análisis realizado por la Contraloría identificó que, durante el 2023, el MEP pagó de más ¢6.036 millones, es decir, un 56% más que el monto girado en el 2022 que ascendió a los ¢3.875 millones.
“…lo cual obedece principalmente a la inhabilitación del Sistema INTEGRA II para la ejecución de pruebas y ajustes relacionados con la implementación de la LMEP, lo cual generó registros tardíos de movimientos de personal”, puntualizó la CGR.
Asimismo, el MEP no ha finalizado el proceso para determinar el pago de las sumas giradas de más producidas por el ciberataque que afectó la disponibilidad del Sistema INTEGRA II en el año 2022, aspecto que afecta la razonabilidad del saldo devengado por concepto de salario escolar del período 2023.
También, el MEP procedió al pago improcedente de salarios por ampliación de jornada y de recargos monto que ascendió a ¢745 millones.
De acuerdo con el ente contralor del Estado, esas ampliaciones de jornadas y recargos de funciones no estaban contempladas dentro del curso lectivo.
Miles de reclamos
Al mismo tiempo, se identificaron 68.247 reclamos administrativos entablados por 38.412 funcionarios del MEP que adujeron que se les pagó menos de lo que les correspondía, en materia salarial y de cargas sociales.
Asimismo, la Administración señaló que quedaron pendientes de emisión 838 resoluciones administrativas de casos resueltos por un monto de ¢1.968 millones.
En este mismo orden de cosas, existen 1.143 sentencias judiciales de procesos ordinarios laborales, los cuales estaban pendientes de la determinación del monto de la indemnización a pagar a los funcionarios.
“La situación indicada es persistente, considerando que cada año el MEP debe incorporar recursos a su presupuesto para el reconocimiento de pagos erróneos en distintos componentes salariales de periodos anteriores; en el 2023 se reconocieron ¢15.747 millones en resoluciones administrativas por dicho concepto correspondiente a 31.091 reclamos atendidos.
“Aunado a lo anterior, resulta importante indicar que la Administración no reveló durante el proceso presupuestario, la existencia de reclamos administrativos pendientes de atender, lo cual repercute en la confiabilidad y oportunidad de la información presupuestaria, características que deben prevalecer en el manejo de la Hacienda Pública, a fin de garantizar su calidad y facilitar la toma de decisiones”, señaló la Contraloría.
Hasta el pago de alimentos a los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) se da en el MEP, lo cual es prohibido, pues la CGR recordó que reciben el pago de dietas y por ley, esa asignación presupuestaria es improcedente.
En el 2023, para todos los integrantes del consejo de CONESUP, se pagaron ¢57 millones en dietas.
