El tiempo ha demostrado que la decisión del Poder Ejecutivo de cortar el fideicomiso del Banco de Costa Rica para la ampliación de la Carretera Bernardo Soto no fue apropiada.
Casi un año y medio después que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador sorprendiera al país con el anuncio de que se rompería el contrato con el fideicomiso, quedó evidenciado que se tomó el camino de la improvisación.
De hecho, como informó www.despertar.cr la semana pasada, recién en los inicios del año 2025 se comenzará a trabajar en los diseños de la carretera. Eso, porque según Amador, se debe esperar a recuperar la vía completa. Y a ese punto llegaremos al cierre de diciembre 2024.
Entonces, estaremos en este impasse por poco más de un año, antes de que se retome el proyecto para ver si acaso se definen los diseños.
Tras ello restará aún el proceso de licitación, que podría ser sujeto de alguna apelación. Todo ello fácilmente consumiría lo que resta de la actual administración.
Esta forma de hacer las cosas no es adecuada. El ministro Amador argumentó que el fideicomiso era demasiado caro. Pero ¿acaso las horas hombres que se pierden en las presas sobre la vía San José - San Ramón no son más caras?
¿Acaso el desperdicio de combustibles en esas mismas presas no pesa sobre la factura petrolera, con todas las implicaciones?
Para más, ¿cómo hará el ministro Amador para que cuando por fin se pueda echar a andar la ampliación de la carretera, las obras no resulten más caras? Porque si el tema era el precio cuando dio el paso, también debería serlo en adelante.
Esta situación debe tomarse como un llamado de atención para no cometer los mismos errores en el futuro. Las grandes obras que el país necesita no pueden estar supeditados a los actos impulsivos de los funcionarios públicos.
Es claro que en este caso el ministro Amador no asumirá ninguna responsabilidad en el plano personal. De seguro argumentará, como lo ha hecho hasta ahora, que su decisión fue por el bien del país. Pero, lo cierto es que causó un daño irreparable.
Desde 1990 el país espera la ampliación del corredor San José – San Ramón. Y este retraso adicional solo resta frente a una situación de necesidad extrema.
No es aceptable que se haya descartado de manera improvisada una ruta ya definida para la carretera cuando en realidad no se tenía ni siquiera una idea de alternativa bajo la manga. Esto que apuntamos debería ser algo fácil de comprender, pero por lo visto, no lo es para el responsable de tomar la decisión de marras.
Las principales obras viales en proceso y las que siguen pendientes de arrancar tienen todas, la particularidad de que llevan demasiados años apenas en el nivel de proyectos, entre escritorios, archivos y criterios personales que han frenado su desarrollo.
Bien harían los funcionarios públicos en entender que esa no es la ruta que nos va a sacar del caos en que estamos. Se requiere visión, liderazgo, profesionalismo y seriedad. Ojalá podamos empezar a ver algo de todo eso de aquí en adelante.
