Las autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deben asumir con un mayor sentido de responsabilidad el problema de la deuda que mantiene el Gobierno con la institución aseguradora.
La tesis de Hacienda de que no paga mientras no se aclare el monto real de la deuda, no es de recibido. Y la orden dictada por parte de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel tampoco lo es.
Dicho eso, algunos podrían asumir que no se puede pagar una deuda de la cual no se conoce el monto exacto. Pero, en este caso, no estamos hablando de una sola deuda.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta lanzó algunos cuestionamientos que tienen sentido. Está claro que, si la CCSS pretende cobrar por una cesárea hecha a un hombre, algo no calza en el esquema. Y si se está cobrando algún procedimiento realizado a una persona de 200 años, de nuevo algo no cierra.
Pero esos errores de los que habla el ministro tienen que ver con servicios supuestamente prestados a grupos vulnerables de la sociedad, que obviamente no cotizan al sistema de seguridad social.
Y en eso debería centrarse cualquier revisión. Por supuesto que las partes deberán esperar a completarla para establecer con claridad la deuda.
Sin embargo, no hace falta que se llegue a ese punto para poner al día las deudas que corresponden a los seguros de Enfermedad y Maternidad (SEM) o Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Porque estos últimos están ligados a las planillas.
Desde nuestro punto de vista, el Ministerio de Hacienda debería tener muy claro cuánto se les ha pagado a los trabajadores del sector público, y cuánto se les retuvo por concepto de la cuota obrero que les corresponde trasladar a la Caja.
Del mismo modo, a partir de esos datos, debería estar muy claro cuánto dinero corresponde a la cuota patronal que debe cubrir el Estado por cada uno de esos trabajadores.
Entonces, salvo que haya un desorden fenomenal, las cifras tendrían que estar claras. Y si no es así, igual no sería la CCSS la llamada a aclarar el tema. Sería, más bien, a la inversa, de manera que quienes cuestionan los cobros demuestren que tienen fundamento para hacerlo.
Y, en todo caso, en medio de todo ese lío, nada impide que se le gire al menos una parte del dinero pendiente a la institución aseguradora mientras se limpian los números para afinar la diferencia.
Por ello no es de recibo que el ministro Acosta diga que dispone de $54 millones de dólares para pagarle a la Caja, pero espera claridad en los datos.
Reiteramos: perfectamente puede girar el dinero, si lo tiene, al tiempo que se verifican números y facturaciones. Porque, ciertamente, los $54 millones de dólares de los que habla están lejos de cubrir toda la deuda, al margen de que se deban limpiar los números.
El giro de los dineros, mientras tanto, le permitiría a la Caja trabajarlos en el mercado financiero, como corresponde con los recursos destinados a las pensiones, de manera que mantenga su valor real e incluso se incremente en el tiempo.
Mientras eso no se haga, no cabe duda que el sistema sufre y el dinero pierde valor donde sea que el Ministerio de Hacienda lo tenga.
