Ante la creciente ola de homicidios que registra el país desde el año anterior, muchas han sido las voces reclamando reformas legales para atacar el problema. Y, sí: ciertamente se requieren cambios en el marco legal costarricense para enfrentar a los grupos criminales que actúan bajo nuevas dinámicas.
Cuando gracias a las cámaras de video vigilancia instaladas en casi todos los puntos de nuestras ciudades, se observa como los criminales actúan con total desprecio por la vida, es imperativo entender que se debe revisar la tipificación de los delitos, así como las penas aplicables.
Pero, en ese ejercicio, no podemos perder el norte. Aquí no cabe actuar bajo criterios de impacto o de desazón. Las decisiones deben adoptarse a partir de la razón. Y eso implica un análisis serio en torno a la constitucionalidad de cada medida.
Y, al mismo tiempo, se requiere una valoración puntual de la viabilidad de cada nueva norma que se pretenda introducir en el marco legal costarricense. Porque, nada ganamos con nuevas disposiciones que no se pueden aplicar.
Por ejemplo, se insiste mucho en la necesidad de ampliar los delitos para los cuáles los jueces deben considerar la prisión preventiva. Sin embargo, no hay espacios carcelarios suficientes para entrar en ese nuevo escenario. ¿A dónde se va a enviar a los presos? Es una pregunta que aún nadie entre las autoridades responde.
Ese es, en realidad, solo un punto saliente. Otro tiene que ver con la presunción de inocencia que opera en nuestra legislación. Por ello no podemos caer en un esquema en el que, en la práctica, primero se sentencia y luego se juzga.
Otra medida que se ha planteado es la posibilidad de que el Gobierno entre en posesión de los bienes de las personas sospechosas de cometer delitos dentro de un esquema de crimen organizado. Suena como una muy bien la idea. Pero, puede tener roces constitucionales. Y, para más, ¿qué pasaría en aquellos casos en que, una vez en los tribunales no se alcance a acreditar los delitos por los que se acusa a esas personas?
Dicho esto, no es cuestión de no hacer nada. Hay un amplio espacio en el que los diputados pueden actuar para darle armas a los jueces y atacar el problema.
En primer lugar, se podría ampliar el tiempo máximo de permanencia en la cárcel. Es claro que hoy en día se debe considerar para aquellas personas que no saben o no están dispuestas a vivir en sociedad.
En segundo lugar, es imperativo eliminar los beneficios carcelarios que hoy aplican en nuestro sistema y que hacen que al final del día, casi ningún convicto cumpla siquiera la mitad de su sentencia. Un año debe ser un año como lo conocemos todos. Una cárcel debe ser una cárcel como la conocemos todos.
En tercer lugar, se pueden aumentar de manera sustantiva las penas para varios delitos que se configuran dentro de la situación caótica que tenemos actualmente. Incluso, se debería valorar la introducción de la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. Las situaciones extremas ameritan soluciones extremas.
Y, por supuesto, otra medida sería no darle prerrogativas a la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia para que, en la práctica, modifique las determinaciones de los jueces, aplicando medidas sustitutivas para las penas de cárcel.
El tema da para mucho, es cierto. Estas líneas deben servir como una llamada de atención para enfocar correctamente en los puntos que, como país y dentro de nuestro marco institucional, podemos manejar para contribuir a reducir los índices de criminalidad.
Debemos tomar nota de que, hoy por hoy, a los delincuentes ya no les da temor enfrentarse a un sistema judicial con el que hasta juegan y se divierten, y menos a un régimen penitenciario tan permisivo como el nuestro.
