Espionaje institucionalizado: señales muy preocupantes

El cuadro hace pensar que en la Presidencia de la República hay gente investigando a quienes piensan diferente al mandatario, o emiten resoluciones que no son de su agrado.
Rodrigo Chaves, presidente de la República, guarda la esperanza de que Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa  reprograme la reunión solicitada.
photo_camera El presidente Rodrigo Chaves escucha atentamente a los ministros en la exposición de la conferencia de Prensa en Casa Presidencial. Foto Sócrates Colindres Lagos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves suele decir algunas cosas en sus conferencias de prensa semanales y en los discursos que hace en las giras por el país, que se van quedando “perdidas” en medio de un mar de disertaciones sobre otros temas.

Particularmente nos ocupan hoy dos capítulos que se complementaron entre la conferencia de prensa del miércoles 3 de abril y la del 10 del mismo mes, cuando se refirió a una orden emitida por una jueza del Tribunal Contencioso Administrativo que suspendió de manera cautelar el decreto que redujo los aranceles sobre el arroz importado.

La semana pasada cuando un periodista le pidió a Chaves su criterio sobre la resolución, el mandatario dijo que no había sido notificado aún. Sin embargo, inmediatamente, volvió a ver su teléfono celular para afirmar que la jueza era Patricia Lorena Calderón Rodríguez.

Es curioso que supiera el nombre de la jueza, si no había sido notificado. Y, de hecho, la Procuraduría General de la República, al informar esta semana que apelaría la decisión, señaló que recibió la notificación el 4 de abril pasado. Eso es, un día después de que el mandatario expusiera el nombre de la jueza en cuestión.

El cuadro hace pensar que en la Presidencia de la República hay gente investigando a quienes piensan diferente al mandatario, o emiten resoluciones que no son de su agrado.

Y, esa sensación quedó reforzada esta semana cuando el presidente Chaves aseguró que la jueza era militante del Partido Acción Ciudadana (PAC) y que, en diciembre pasado había posteado en redes sociales, mensajes en su contra.

Es muy peligroso -y, por supuesto, es claramente ilegal- que desde la Presidencia de la República se desarrolle un esquema de espionaje institucionalizado.

Chaves dijo la semana pasada que algunas personas lo califican como un “dictador”, pero que está lejos de serlo. El tema, sin embargo, es que, cuando ocurren situaciones como las de comentario, casi en automático hay que hacer la relación. Ello, por cuanto, el espionaje político es norma entre aquellos políticos con tintes dictatoriales.

Ojo que las manifestaciones hechas esta semana por Chaves en torno a la jueza Calderón tienen, también otros alcances. En primer lugar, deja entrever que ella es opositora a él y que ya en el pasado ha emitido otras resoluciones adversas para con sus planteamientos. Lo dice sin entrar en valoraciones de tipo técnico.

Incluso señaló que lo quiere perjudicar, para luego advertir que, con la medida precautoria en relación con los aranceles sobre el arroz, más bien está perjudicando al pueblo.

Y, en segundo lugar, advierte que la jueza desarrolla actividades de corte político partidistas, algo que, sabemos, le está vedado por ley. Lo dice sin profundizar, apenas para dejar la duda en el aire.

Estas son estrategias muy peligrosas. Ya en este país hemos sido testigos, en las últimas semanas, de ataques violentos a jueces y fiscales de la República que tramitan procesos que tienen que ver con narcotráfico y crimen organizado. Y hemos visto asesinatos de policías. No necesitamos agravar aún más la situación gestando eventuales ataques por razones políticas. Máxime cuando a varias figuras del Poder Ejecutivo pareciera divertirles convertir todo en una disputa y favorecer la polarización.

Eso es en lo que o no piensa el presidente Chaves, o no le importa cuando hace este tipo de señalamientos.

Nótese que, si bien se ha referido al tema de los aranceles sobre el arroz en dos ocasiones, todavía no ha dicho por qué la decisión de la jueza es jurídica o técnicamente incorrecta. Y es en este punto en que debería enfocarse el mandatario para defender su tesis. Nunca en deslegitimar a la funcionaria judicial, como pretende hacerlo.

Recordemos, también, que el mandatario suele cuestionar la institucionalidad costarricense cuando no puede hacer algo como quiere, sin admitir eventuales limitaciones legales.

Si vamos asociando elementos de su línea discursiva, se denota claramente el derrotero. Reiteramos: es una ruta peligrosa. Pero también es ilegal y es antidemocrático.

Presidente, sería muy saludable para el país que repiense este asunto. Los riesgos que está asumiendo son excesivos y podrían llevar a un punto de no retorno en donde, desgraciadamente, usted no va a ser el único perjudicado, sino todos los costarricenses.