El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha desarrollado la práctica de convertir todo en una confrontación. Incluso en las últimas semanas cuando ha hablado de “dejar de pelear”, ha caído en la tentación de hacerlo.
La semana anterior enfiló sus baterías sobre los miembros de la Asociación Pro Carretera Naranjo – Florencia. Le molestó -y está en su derecho- que dirigentes de esa organización expresaran inquietud por el hecho de que no se haya avanzado con la construcción de un tramo alterno de 10 kilómetros de carretera que permitirían sacarle provecho a un buen trecho de vía ya construido en la nueva carretera a San Carlos.
Pero, entonces, dentro de su molestia, el presidente Chaves incurrió en el abuso y la falta de respeto de calificar como “malagradecidos” a los dirigentes que comparecieron ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, donde dejaron ver sus inquietudes.
El presidente Chaves no tiene ningún derecho de llamar “malagradecidos” a quienes señalan alguna inacción de las instituciones del Estado. Ni siquiera si esa inacción no es real, lo que aquí no es el caso.
Lo cierto es que el tramo de carretera del que hablaron los dirigentes de la Asociación no está en proceso de construcción al día de hoy. Las obras no han arrancado.
Sería comprensible que ante esa realidad el presidente Chaves explicara la situación real del proyecto, no solo para que los miembros de la Asociación puedan comprender el estado de cosas, sino que todos los costarricenses también puedan sacar sus conclusiones.
Pero no optó por hacer eso, sino por buscar la confrontación. Y en ese marco, pareciera esperar que se le agradezca por cumplir con las responsabilidades de gobierno. Craso error.
Actitudes como esas en definitiva no contribuyen a generar un clima de confianza entre las partes. Y terminan por meter “ruido” en todos los procesos, algo que nunca es saludable.
Y tampoco se trata de asumir la posición que mostró el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. Este funcionario se enredó entre datos en una y otra dirección. Trataba de explicar que el Poder Ejecutivo ha avanzado en los procesos de expropiaciones que retrasan las obras. Pero, terminó por contradecirse.
Primero dijo que ya se concretaron 38 expropiaciones en lo que va de esta administración. Pero, más adelante, señaló que “El gobierno tiene recursos para expropiar este año. Sin embargo, la corte es un poco lenta, los mecanismos son un poco lentos y hemos hecho una valoración integral. Estuvimos con algunos diputados en la Asamblea.
“De ese listado que está en proceso para expropiar, que se supone no sale este año, aún así dejamos ¢1.000 millones, que es la mitad, asumiendo que con toda la presión que tenemos en esto (…) y aun así este año hemos hecho mucho más de lo que se ha hecho en 50 años pegado”.
Haciendo un esfuerzo por tratar de entender lo que quiso decir Amador, no se logra comprender si las expropiaciones se han hecho o no. Tampoco si “saldrán este año” o no. Y menos si las instancias judiciales fueron excepcionalmente ágiles en algunos casos y en otros no.
La realidad, insistimos, es que las obras alrededor de las cuáles se generó toda la polémica están frenadas sin arrancar. Ese debería ser el punto de interés de las autoridades de Casa Presidencial, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Consejo Nacional de Vialidad.
Todo lo demás sale sobrando.
