El Consejo de Transporte Público (CTP) no tiene claro cuántas personas, no tienen acceso hoy al servicio de buses en distintas regiones del país.
En ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), aseguran que están de manos atadas para resolverle a las comunidades que no tienen servicio de buses dado que los empresarios de rutas regulares las abandonaron.
Según datos del propio CTP, existen alrededor de 90 lugares que no tienen servicio de buses de ruta regular, pero desconoce cuántas son las personas afectadas.
www.despertar.cr intentó consultar a Silvia Bolaños, de la Cámara Nacional de Transportes (CANATRANS), sobre el tema. No contestó las llamadas que se le hicieron a su teléfono móvil. Pero, luego su asesor de prensa, Jarmon Noguera, dijo, a nombre de ella, que no daría declaraciones pues es un tema de resorte del Consejo y por ahora su organización no emitiría ningún criterio.
Añadió que de momento no saben si las rutas abandonadas se sacarán a concurso o no por parte del CTP.
Freddy Carvajal, director ejecutivo del Consejo, indicó que el 95% de las devoluciones se han dado en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste y el 5% restante son empresas que dan el servicio en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Añadió que los que abandonaron las rutas son empresarios pequeños que tienen alrededor de tres unidades. Entre las causas de ello indicó que se ha dado una baja en la demanda, que el servicio dejó de ser rentable, que los transportistas tienen deudas inmanejables con los bancos.
Además, dificultades para el pago de pólizas y el pago de cánones. Pero, también hay empresarios que han cuestionado el tener que realizar la inspección técnica vehicular dos veces al año así como el pago de cargas sociales a la Caja, el Instituto Nacional de Seguros y otros.
“Lamentablemente, la institución ha tratado de buscar los mecanismos y muchos de estos sectores hoy siguen sin operar”, afirmó Carvajal.
Según él, “no podemos hacer nada porque el CTP no tiene la potestad de operar, no tiene tampoco la potestad económica. Lamentablemente dependemos de parámetros económicos y de las corrientes del país de la actividad económica que se dé”.
Apuntó que a consecuencia de la pandemia por el Covid-19, el transporte público fue el más afectado y en estos momentos de post pandemia, no ha recuperado los índices de demanda previos.
Explicó que antes de la pandemia, la demanda de buses alcanzaba el 80% y estimó que, se tardaría alrededor de 5 años o más para igualar los índices del 2019. Incluso, no descartó que en algunos lugares no se alcance la recuperación.
“Trabajadores que fueron despedidos, el teletrabajo eso lo que ha hecho es que muchos de los usuarios que prácticamente usan el transporte público por ser el medio más económico y más rentable que hay para el usuario" ya no están demandando el servicio, manifestó Carvajal.
Pese a que se conoce el problema, el Consejo no hace nada, para garantizar la continuidad del servicio a las poblaciones afectadas. Cuando se le consultó sobre eventuales acciones concretas dirigidas a que los empresarios puedan mantenerse en operación, Carvajal se limitó a responder que las empresas deben cumplir.
“En el caso de los operadores actuales, pues ya las que están en abandono, se han hecho todos los mecanismos y se han tratado de aplicar… y no se ha tenido los resultados a corto plazo, porque mucha de esa demanda bajó y mucha de esa demanda del todo se perdió”, refirió Carvajal.
¿Qué hace el CTP?
Según Carvajal, el CTP aplica procedimientos técnicos y jurídicos, a fin de garantizar la continuidad del servicio de buses a las comunidades.
Sostuvo que se han hecho audiencias y se ha invitado a operadores cercanos a las comunidades afectadas para ver si tienen interés en asumir el servicio. Pero no se concreta pues, según dijo Carvajal, la actividad dejó de ser rentable.
“Lamentablemente no muestran el interés porque cambiaron las condiciones operativas de la demanda.
“Bajó la demanda. Generalmente son sectores donde la población es mínima. Generalmente las condiciones de infraestructura (vial) no son aceptables o son vías en lastre y eso implica que los costos son más altos”, justificó Carvajal.
Mencionó que “al haber baja demanda la institución no tiene los recursos, porque de acuerdo con la ley, la operación del transporte público corresponde a empresas privadas a las cuáles se les da el derecho a través de la concesión. La administración pública no tiene los recursos para poder operar y administrar el transporte público”.
Curiosamente, el propio director ejecutivo detalló que las comunidades afectadas, al no contar con el servicio formal, echan mano a la oferta del transporte informal o ilegal.
A nivel nacional, según el CTP existen alrededor de 400 rutas regulares de buses activas.
