Una reforma permitiría corregir un vacío presente en la Ley de Tránsito que impide sancionar a quienes conduzcan bajo los efectos de las drogas.
La propuesta atendería los casos de choferes que conduzcan bajo las llamadas drogas duras, como: cocaína, marihuana, anfetamina, heroína, entre otras.
La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana, junto a otros legisladores de la fracción presentaron el proyecto que modificaría la Ley de Tránsito, el Código Penal y la Ley de Administración Vial.
Carballo justifica que en la actualidad existe un vació legal, y para poder imponer una sanción se deberá realzar esta modificación que abarca nueve artículos, más tres disposiciones transitorias que otorgan un año de tiempo para la reglamentación.
La reforma podrá asegurar el hecho que la detención de un conductor con indicios de haber ingerido algún tipo de droga dura reciba algún castigo.
Esencialmente, el objetivo es modificar la forma en que se mide la concentración de alcohol en sangre, tanto en los casos de una falta de tránsito, como en aquellos donde se analiza la comisión de un delito.
Adicionalmente, en la exposición de motivos se explica la problemática del consumo de drogas y su impacto en la conducción de vehículos.
Los legisladores en el articulado de la propuesta expresan que, en el caso de conducir bajo los efectos de otras drogas, diferentes al alcohol, no hay una posibilidad técnica ni legal, para que un oficial de tránsito lleve a cabo el control correspondiente, dado que no existe ni sanción administrativa, ni prueba, ni procedimiento.
"Tal y como ocurre con la prueba de alcohol, la utilización de pruebas de saliva podría fungir como tamizaje o control en carretera, convirtiéndose en un elemento indiciario de carácter preliminar, que podrá ser apoyado por una muestra de sangre, cuyo análisis es mucho más confiable y que permitiría confirmar o establecer cuál es la sustancia presente en el infractor", dice el proyecto de ley.
Por el tipo de iniciativa, deberá ser consultada de forma obligatoria a la Corte Suprema de Justicia. Debe tenerse en cuenta que en caso de que ésta se oponga al proyecto, se requerirá mayoría calificada para su aprobación en el congreso.
