MICITT defiende decreto para ampliar plazo a concesiones de radio y televisión

Paula Bogantes, jerarca del MICITT, manifestó que con  el decreto se busca comprar tiempo para la SUTEL y para el ministerio  que lidera a fin de definir y tomar una decisión sobre el tema. Foto: Sócrates Colindres Lagos.
photo_camera Paula Bogantes, jerarca del MICITT, manifestó que con el decreto se busca comprar tiempo para la SUTEL y para el Ministerio que lidera a fin de definir sobre el tema. Foto: Sócrates Colindres Lagos.

Paula Bogantes, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) defendió la propuesta de decreto que busca ampliar en un año, los títulos habilitantes de las concesiones de radio y televisión.

Este miércoles la funcionaria, avalada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, salió al paso de las declaraciones emitidas por Edwin Estrada, exviceministro de Telecomunicaciones quien cuestionó el decreto por considerarlo ilegal.

Según señaló Bogantes, Estrada, al haber estado en el MICITT conoce los procedimientos que se llevan y los requerimientos del Poder Ejecutivo para tomar una decisión sobre el tema; ya sea una prórroga o sacar un nuevo concurso.

“Creo que él confunde una resolución de las prórrogas con el decreto. El decreto no está dando una respuesta a las prórrogas. Para nosotros poder decir que nos vamos por las prórrogas necesitamos, como bien dice él, el criterio de la SUTEL, individualizado por cada solicitud que recibimos, que fueron más de 100”, afirmó Bogantes.

Sobre el tema, Bogantes reseñó que, hasta que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) no emita los criterios individuales, el MICITT no estará dando respuesta sobre las prórrogas.

“El ejecutivo en este momento analiza dos opciones: prórrogas o concursos, subastas. Hasta que la SUTEL no haya traído también todo el análisis de factibilidad completo para ver si merece hacer concurso, nosotros no vamos a decir si concurso o prórrogas, pero estamos a dos o tres meses de que venza el plazo de los títulos habilitantes”, manifestó Bogantes.

Ese vencimiento de las concesiones del uso de las frecuencias de radio y televisión será el 28 de junio próximo y, debido a que el Ejecutivo no ha definido qué va a hacer, el MICITT procedió, el viernes anterior, a sacar a consulta pública, por 10 días hábiles, un decreto que reforma el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones.

Comprar tiempo

Sobre la extensión del plazo por un año, Bogantes sostuvo que se realizó una consulta correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR).

“El decreto viene a comprarnos tiempo. Comprarle tiempo a la SUTEL para que termine los dos procesos de prórrogas y el cartel y comprarle tiempo al Ejecutivo para que podamos analizar toda la información que recibimos.

“No es correcto que el exviceministro Estrada diga que en dos meses nosotros podemos revisar más de 100 prórrogas. Eso él debería de saber que no es viable. Ni tampoco es correcto que los concesionarios piensen que porque SUTEL finalmente hizo la tarea con uno de los dos procesos nosotros vamos a decidir dar la prórroga. No señores, aquí estamos hablando de que el Ejecutivo le ha dado a la SUTEL menos de un año para ver si hacemos prórroga o sacamos cartel”, mencionó Bogantes.

Eso, pese a que Estrada nunca dijo que en dos meses el Ministerio debería culminar el proceso de estudio de las solicitudes de renovación planteadas por los concesionarios.

Tras conocer la publicación de la propuesta de decreto, Estrada sostuvo que el mecanismo empleado por el MICITT contiene “groseras ilegalidades”, y lo calificó de inoportuno.

En su análisis, Estrada reseñó que el Poder Ejecutivo requiere que la SUTEL emita criterios para la habilitación de los títulos habilitantes, aspecto que todavía no se ha cumplido. Por ello, señaló que el Ejecutivo, de aplicar el plazo de extensión propuesto, estaría tomando una decisión de manera unilateral.

Además, Estrada llamó la atención que el Poder Ejecutivo estaría incurriendo en una serie de omisiones de procedimientos que están en el ordenamiento jurídico y que pone en riesgo la seguridad jurídica de los concesionarios.